Nos la pela, Fernando
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Marlaska y la seguridad de los agentes: nos la pela, Fernando
Ocho años, ocho, como ministro del Interior, y Fernando Grande-Marlaska todavía parece confundir las obligaciones del cargo con las necesidades del escaparate. Su gestión al frente de la seguridad de policías nacionales y guardias civiles merece respuestas que no caben en un vídeo electoral.
Ahora, en campaña para las elecciones del 29 de noviembre, el PSOE ha difundido un vídeo en el que reivindica su homosexualidad y advierte de lo que, a su juicio, podría suceder con un Gobierno de derechas. Está en su derecho. Faltaría más. Pero quienes esperamos explicaciones sobre las condiciones en las que trabajan los agentes seguimos sin encontrarlas en ese discurso.
Se lo diré con la claridad que rara vez sobrevive a una reunión de asesores: su orientación sexual no es el problema, ministro. Su gestión, sí.
La gestión de Marlaska, más allá del escaparate electoral
A quién quiere, con quién comparte la vida o de quién se enamora pertenece a su libertad. Que la disfrute y que nadie se la discuta. Ahora bien, comprenderá que, cuando un agente se ajusta el chaleco antes de salir de servicio, sus preocupaciones circulan por otro carril: si tendrá apoyo cuando lo necesite, si responderá el material y si podrá regresar a casa sin que alguien tenga que telefonear antes a su familia.
La vida sentimental del ministro no figura en ese inventario.
Querido lector, permita el lenguaje coloquial: a muchos de quienes hemos vestido un uniforme, la orientación sexual del ministro nos la pela. Nos importa, y bastante, que quien dirige Interior comprenda qué significa mandar sobre personas obligadas a acudir precisamente allí de donde los demás intentan salir.
Donde el peligro deja de ser una palabra.
Ustedes pasan por el ministerio; el servicio continúa. Cambia el retrato del despacho, se renuevan los asesores y alguien estrena coche oficial. En la calle, mientras tanto, una patrulla espera el siguiente aviso.
Policías y guardias civiles: medios antes que fotografías
Los policías nacionales y los guardias civiles dejan en casa parejas, hijos, preocupaciones y conversaciones a medias. Pierden cumpleaños, aplazan vacaciones y reorganizan esas pequeñas rutinas que parecen insignificantes hasta que uno comprende que en ellas consiste casi toda la vida. Después salen a proteger al ciudadano. También al de a pie, ministro: ese que no dispone de escolta ni de una puerta lateral por la que escapar de los problemas.
Cuesta olvidar su cena en Madrid durante los disturbios de Barcelona de 2019. Usted explicó que había salido a tomar una hamburguesa con su jefe de gabinete, que seguía pendiente de la situación y que después regresó al despacho. Los compañeros desplegados tenían otras cosas de las que estar pendientes. Algunas llegaban por el aire.
Mientras unos se calzan las botas y pisan barro, en los despachos se administra el vocabulario: refuerzo, coordinación, normalidad. Palabras limpias, recién planchadas, que quedan estupendamente ante un micrófono y sirven de muy poco cuando alguien intenta abrirte la cabeza.
Nadie espera una ovación por cada servicio. Bastaría con disponer de medios suficientes y saber que el respaldo institucional no caduca en cuanto aparece una polémica.
Canarias y las fronteras necesitan respuestas
Además del barro está la mar. Allí tampoco sirven demasiado los argumentarios. Hay rescates, inspecciones y operaciones en las que un error puede dejar una silla vacía para siempre.
Canarias necesita una respuesta seria, sostenida y proporcionada ante la inmigración irregular. Quienes llegan necesitan atención; quienes los reciben, recursos; los agentes, medios y apoyo; y los habitantes, seguridad y servicios capaces de responder. El control de las fronteras también forma parte de las obligaciones del Estado. En Canarias y en Ceuta.
No basta con felicitar a los profesionales después de exigirles que resuelvan lo que la política no ha sabido gestionar.
La profesionalidad hace mucho, ministro. Milagros, pocos.
OCON-SUR: las preguntas que Interior debe responder
¿Se acuerda del OCON-SUR? Aquella estructura contra el narcotráfico cuya desaparición se presentó como una reorganización. Qué palabra tan confortable: permite desmontar algo sin que parezca que se está desmontando nada.
La Memoria de la Fiscalía de 2023, referida a la actividad de 2022, recogió que su desaparición se produjo sin aviso previo a la Fiscalía de Andalucía, a la Fiscalía Especial Antidroga ni a los órganos judiciales. También recogió que la fiscal delegada atribuía la reducción de procedimientos en Cádiz a una menor presión policial y a la desaparición del grupo operativo.
La pregunta merece una respuesta que pueda entenderse fuera de un gabinete: ¿qué se ganó con aquella decisión y cómo se evaluaron sus consecuencias?
Don Fernando, coño, usted viene de la Audiencia Nacional. Sabe que una organización criminal aprovecha las debilidades de quien la persigue. Precisamente por eso resulta tan difícil aceptar que una decisión de semejante importancia se despache con una fórmula administrativa y una expresión de suficiencia.
De los mandos y de los responsables políticos esperamos criterio, medios y responsabilidad. También que, cuando algo termina mal, las explicaciones no se queden detenidas en el último peldaño de la escalera.
Para describir ese temor tenemos una expresión antigua, poco elegante y demasiado resistente al paso del tiempo: «Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros».
Barbate: la valentía no sustituye a los medios
Barbate exige hablar de todo eso con una seriedad que no admite decorados. De los medios, de las decisiones operativas, de las condiciones de trabajo y de lo que debe cambiar para proteger a quienes se enfrentan al narcotráfico.
La valentía de un guardia civil nunca debería utilizarse para compensar una carencia material.
Hay una obscenidad difícil de soportar en la facilidad con la que se pronuncia la palabra «héroe» después de una muerte. Antes hacen falta embarcaciones adecuadas, protección, preparación y órdenes que tengan en cuenta el peligro. Después, ningún discurso devuelve a nadie a casa.
Tampoco resulta admisible tratar el material policial como un problema de imagen. Cada herramienta debe emplearse con formación, proporcionalidad y control, y cualquier abuso debe investigarse. Pero la controversia política no puede sustituir al criterio técnico ni convertir a los agentes en sospechosos por el mero hecho de intervenir.
Quien se manifiesta pacíficamente tiene derechos que deben protegerse. Quien agrede, destroza o pone en peligro a otras personas debe encontrarse con una respuesta legal y eficaz. Al ministro le corresponde explicar esa diferencia y sostenerla, incluso cuando hacerlo incomode a los suyos.
Especialmente entonces.
Ocho años en Interior y seguimos esperando
Necesitamos un responsable de Interior que respalde a los agentes cuando actúan conforme a la ley y que exija responsabilidades cuando alguien se aparta de ella. Una obligación bastante elemental para un cargo tan importante.
La delincuencia ya pone suficientes dificultades delante de una patrulla. Se agradecería que el cálculo electoral no añadiese las suyas.
Porque el malestar no se arregla con otra fotografía entre uniformes. Se atiende escuchando, explicando decisiones y corrigiendo errores. También dando la cara cuando se han marchado las cámaras y nadie puede convertir la conversación en un vídeo de campaña.
Usted puede hablar de sus derechos, ministro, y defenderlos con toda la firmeza que considere necesaria. Los agentes tienen la obligación de protegerlos, como los de cualquier ciudadano. Lo que le exigimos es que dedique esa misma firmeza a las condiciones en las que ellos prestan servicio.
Ocho años, ocho, deberían bastar para comprenderlo.
Policías nacionales y guardias civiles no necesitan saber con quién comparte usted la vida. Necesitan saber qué está haciendo para que puedan seguir compartiendo la suya con quienes los esperan en casa.
Lo demás, don Fernando, nos la pela.
