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Ni pidieron perdón ni ayudaron a resolver crímenes ni pagaron las «Obligaciones voluntarias»
853. Ese es el número de personas que ETA asesinó en España entre 1959 y 2010. Ochocientas cincuenta y tres vidas. Ochocientas cincuenta y tres familias rotas. Ochocientas cincuenta y tres historias que no pudieron terminar. Es la Vía Nanclares.
Pero hay otra cifra que casi nadie menciona. Una cifra que las víctimas conocen perfectamente y que los políticos prefieren no pronunciar en voz alta. Una cifra que habla de lo que España decidió hacer —o no hacer— con quienes cometieron esos crímenes.
¿Qué precio pagaron realmente los terroristas de ETA por sus crímenes? ¿Cuántos años pasaron entre rejas? ¿Y cuántos salieron antes de tiempo, con la bendición del Estado?
Hoy vamos a responder esas preguntas. Vamos a hablar de la Vía Nanclares: qué es, cómo nació, quién la diseñó, a quiénes benefició, qué exigió a cambio y, sobre todo, qué dejó sin exigir.
Esto es «Quien a hierro». Y hoy, quien a hierro mató… tiene muchas papeletas de dormir en casa.
CONTEXTO: ETA Y SUS PRESOS
Para entender la Vía Nanclares, primero hay que entender el mundo que la hizo posible.
ETA —Euskadi Ta Askatasuna, «País Vasco y Libertad»— fue una organización terrorista fundada en 1959 bajo el franquismo. Asesinó durante más de medio siglo. Sus últimas víctimas mortales cayeron en 2010. La organización anunció el cese definitivo de la actividad armada en 2011 y fue disuelta en 2018. Pero sus presos siguieron entre rejas, y el debate sobre qué hacer con ellos nunca se cerró del todo.
Durante décadas, los presos de ETA no eran simplemente reclusos. Eran, en palabras del propio entorno abertzale, el «frente de Makos»: el cemento ideológico que unía a las bases, los «presos políticos» que justificaban la narrativa de represión, el símbolo viviente de que la lucha continuaba.
El Estado español respondió a esa cohesión con la política de dispersión: repartir a los presos por cárceles alejadas del País Vasco, desde Ceuta hasta Canarias, para impedir que mantuvieran una estructura organizada dentro de prisión. Una medida dura, discutida, pero que tenía una lógica: romper el control que ETA ejercía sobre sus propios reclusos.
El EPPK —el Colectivo de Presos Políticos Vascos— era la correa de transmisión de ese control. Dictaba normas de comportamiento. Prohibía a los presos acogerse individualmente a ningún beneficio penitenciario. Quien lo intentaba era expulsado, tachado de traidor. Sus familias, señaladas.
Quienes se atrevían a romper con el EPPK no solo perdían a sus compañeros de ideología. En muchos casos, perdían también el apoyo económico de sus familias y el respaldo político del entorno. Un ostracismo total dentro del mundo abertzale.
Era en ese contexto —ETA militarmente derrotada pero sin disolverse, sus presos en dispersión, el EPPK controlando férreamente cualquier disidencia— cuando nació lo que hoy conocemos como la Vía Nanclares.
EL ORIGEN: QUIÉN, CUÁNDO Y POR QUÉ
La Vía Nanclares no nació de la nada. Fue diseñada desde arriba, con un objetivo político muy concreto.
Corrían los años del segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. El Gobierno socialista llevaba años intentando un proceso de paz con ETA que había fracasado estrepitosamente. El atentado de la T-4 del aeropuerto de Barajas, en diciembre de 2006, mató a dos personas y dinamitó cualquier esperanza de negociación. Era necesario un nuevo planteamiento.
El artífice fue Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior. La estrategia: no negociar con la organización, sino atacar su cohesión interna. Si ETA controlaba a sus presos, había que ofrecer a esos presos una salida individual que los arrancara del control de la banda.
El mecanismo era escalonado. Los presos que querían iniciar el proceso de desvinculación eran trasladados primero a cárceles intermedias cercanas al País Vasco —Villabona en Asturias, Zuera en Zaragoza— donde participaban en talleres de reinserción. Si avanzaban suficientemente, llegaban a la meta: la prisión de Nanclares de Oca, en Álava. Eso es de donde viene el nombre.
La prisión albergó a los disidentes. Fue reemplazada en 2011 por Zaballa, una cárcel moderna construida muy cerca, con capacidad para 720 reclusos. Allí confluirían los etarras que habían decidido romper con la organización.
¿Qué se les exigía a cambio de los beneficios penitenciarios?
Según la normativa vigente y los compromisos adquiridos en la Vía Nanclares en su versión original, los requisitos eran cuatro: distanciarse públicamente de ETA, abandonar el EPPK, reconocer el daño causado a las víctimas y pedir perdón, y comprometerse a pagar las responsabilidades civiles derivadas de sus delitos.
Sobre el papel, un proceso exigente. En la práctica, los problemas empezarían enseguida.
Cuando ETA declaró el alto el fuego permanente en 2011, el balance era escaso: según distintas fuentes, entre 22 y 68 presos habían iniciado el camino de la Vía Nanclares. De ellos, solo 30 llegaron a Nanclares de Oca, y únicamente 13 alcanzaron un régimen de prisión atenuada. Las dos primeras libertades condicionales se concedieron en 2012. Un número muy pequeño comparado con los varios centenares de presos que ETA tenía en ese momento.
LAS VÍCTIMAS: LAS GRANDES OLVIDADAS
Hablemos de quienes deberían haber estado en el centro de cualquier debate sobre beneficios penitenciarios. Las víctimas.
853 asesinados. Más de 2.500 atentados. Cerca de 6.000 víctimas directas contando heridos graves, secuestrados y personas con daños permanentes. Y eso sin contar las decenas de miles de personas que vivieron bajo amenaza directa, que pagaron el «impuesto revolucionario» o que tuvieron que exiliarse del País Vasco por miedo.
Para las asociaciones que las representan, la Vía Nanclares fue, en el mejor de los casos, un proceso incompleto. En el peor, una forma encubierta de eludir la justicia.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo, la AVT, fue tajante desde el principio: las reinserciones a cambio de premios son, para las víctimas, falsas reinserciones. Y la Vía Nanclares tiene el riesgo de convertirse en una puerta hacia una amnistía encubierta. En definitiva: una puerta hacia la impunidad.
¿Por qué esa desconfianza? Por varias razones que ningún político ha sabido —o querido— responder con claridad.
Primera razón: la opacidad. Las víctimas no tenían acceso a los expedientes de los presos que se acogían al proceso. No sabían qué pedían perdón exactamente, ni a quién, ni cómo. Las cartas de arrepentimiento, cuando las había, nunca se hacían públicas.
Segunda razón: la desproporción entre el delito y la pena. Idoia López Riaño, apodada «La Tigresa», fue responsable de 23 asesinatos. Salió de prisión en 2017 tras 23 años entre rejas. Un año de cárcel por cada vida arrebatada. José Luis Urrusolo Sistiaga, del «comando Madrid», fue condenado por 16 asesinatos y acumulaba casi 500 años de condena. Estuvo 19 años en prisión.
Ninguna de esas personas debería seguir en la cárcel si se había rehabilitado de verdad. Nuestro sistema penitenciario, con razón, busca la reinserción. Pero la pregunta que las víctimas se hacen —con toda la legitimidad del mundo— es: ¿Hubo verdadero arrepentimiento? ¿O solo los gestos mínimos necesarios para abrir la puerta de la celda?
Siguen sin esclarecerse casi 400 crímenes de ETA. Los responsables de muchos de esos asesinatos están en libertad. Y esas familias no saben, todavía hoy, quién mató a sus seres queridos ni por qué.
El presidente de la asociación Dignidad y Justicia lo expresó con claridad: la escasa colaboración de los presos para el esclarecimiento de esos casi 400 asesinatos impunes impide cualquier hablar de verdadera reinserción. Salir de la cárcel sin contar la verdad no es rehabilitación. Es evasión.
EL ARREPENTIMIENTO: ¿REAL O ESTRATÉGICO?
Aquí llegamos al corazón del problema. ¿Cuándo un arrepentimiento es genuino y cuándo es un trámite burocrático para obtener beneficios?
La Vía Nanclares en su versión original tenía un punto a su favor: los presos que se acogieron a ella lo hicieron de forma visible y pública. Escribieron artículos, concedieron entrevistas, se reunieron con víctimas, y se enfrentaron al ostracismo de su propio entorno. Esa valentía —porque requería valentía— les costó ser expulsados del EPPK y ser señalados como traidores por EH Bildu y el mundo abertzale radical.
Si el conjunto de los presos siguiera el ejemplo de los de la Vía Nanclares, el relato mitológico de ETA se vendría abajo. Hay interés en mantenerlos militarizados porque son la última bandera del entorno abertzale.
Eso es exactamente lo que no ha ocurrido con la avalancha de beneficios penitenciarios concedidos en los últimos años. Y aquí el relato da un giro oscuro.
Del modelo exigente a la carta privada.
COVITE, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, ha documentado con detalle lo que lleva ocurriendo desde que el Gobierno Vasco asumió las competencias penitenciarias en octubre de 2021. En lugar del proceso público y verificable de la Vía Nanclares original, lo que se aplica ahora es un mecanismo mucho más opaco: una carta manuscrita privada que supuestamente expresa arrepentimiento, nunca hecha pública, nunca contrastada con los hechos, y que sirve como llave para el tercer grado.
Y el indicador más revelador de que ese arrepentimiento es falso está a la vista de cualquiera: los presos que obtienen esos beneficios siguen figurando en las listas de Etxerat —la asociación de familiares vinculada a Sortu/EH Bildu—, siguen siendo homenajeados en los llamados «ongi etorri» al salir de prisión, y sus fotos siguen decorando los bares y locales del entorno abertzale. ¿Arrepentidos? ¿De verdad?
El caso de Asier Arzalluz Goñi es paradigmático. En diciembre de 2024 fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato del periodista José Luis López de Lacalle, cometido en Andoain en el año 2000. La propia sentencia de la Audiencia Nacional señaló que ni él ni su compañero de comando habían mostrado en más de dos décadas ningún signo de arrepentimiento ni de disculpa. Apenas dos meses después de esa condena, el Gobierno Vasco le concedía el tercer grado. Le permitía salir de prisión y residir fuera durante el día.
Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE y hermana de Gregorio Ordóñez —concejal del PP asesinado por ETA en 1995—, lo calificó de ‘insulto a las víctimas’. Y tiene razón.
EL USO POLÍTICO: CUANDO LOS PRESOS SON MONEDA
Si hay un capítulo de esta historia que requiere mirar a la cara sin apartar los ojos, es el del uso político de los presos de ETA.
La Vía Nanclares fue ideada por el PSOE de Zapatero, continuada por el PP de Rajoy —que nunca la reconoció en público pero la mantuvo en la práctica— y posteriormente abandonada en su versión más exigente bajo los sucesivos gobiernos de Pedro Sánchez. No es una casualidad.
En octubre de 2021, el Gobierno central transfirió al Gobierno Vasco las competencias en política penitenciaria para los presos de ETA. Desde ese momento, la aceleración ha sido vertiginosa. Entre 2021 y febrero de 2025, el Gobierno Vasco concedió 94 terceros grados a un total de 77 presos de ETA —17 de ellos repetidos—. El Gobierno central había concedido otros 28 entre 2018 y 2021.
Los datos de 2019 son reveladores: había 222 presos de ETA en cárceles españolas. De ellos, 166 en primer grado, 56 en segundo, y ninguno con tercer grado. Seis años después, el primer grado ha desaparecido por completo. Más de la mitad de los presos restantes están en tercer grado o en regímenes de semilibertad.
Arnaldo Otegi dijo en octubre de 2021, sin ningún pudor: «Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, pues los votaremos». Una declaración que debería haber generado un escándalo nacional. Pasó casi inadvertida.
La dependencia del Gobierno de Pedro Sánchez de los votos de EH Bildu en el Congreso de los Diputados ha creado una ecuación política perversa: el apoyo parlamentario que necesita el Ejecutivo tiene un precio, y ese precio lo pagan las víctimas del terrorismo.
En septiembre de 2024, el Congreso aprobó —sin debate específico, con el voto del PP por un fallo de procedimiento— una ley que computaba en la condena española el tiempo que los etarras hubieran cumplido en cárceles francesas. El resultado inmediato: reducción efectiva de condenas para decenas de presos. Las víctimas lo vivieron como una amputación más.
El caso de «Txeroki». Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, fue uno de los jefes operativos más letales de ETA en sus últimos años. Responsable del atentado de la T-4 de Barajas —que mató a dos personas en 2006 y dinamitó el proceso de paz—, de las bombas lapa contra Eduardo Madina —que le costaron una pierna al político socialista— y de múltiples atentados. Acumula más de 400 años de condena. En 2026 obtuvo el artículo 100.2: puede salir de lunes a viernes. Solo duerme en la cárcel. Sus víctimas duermen en el cementerio.
OPACIDAD Y AUSENCIA DE CONTROL EN LA VÍA NANCLARES
Uno de los argumentos más demoledores contra la deriva actual de la política penitenciaria con presos de ETA no es ideológico. Es estrictamente jurídico.
El artículo 72.6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria es meridianamente claro: para que un condenado por terrorismo obtenga el tercer grado, debe haber «colaborado activamente con las autoridades para impedir la producción de otros delitos, para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, o para obtener pruebas». El artículo 90.8 del Código Penal, reformado en 2010, exige una «petición expresa de perdón a las víctimas» o la colaboración efectiva con la justicia para acceder a la libertad condicional.
Ninguno de esos requisitos se ha cumplido de forma verificable en la mayoría de los terceros grados concedidos desde 2021. El Gobierno responde que los presos «cumplen los requisitos legales y reglamentarios». Las víctimas preguntan: ¿cuáles? ¿Dónde están los documentos? ¿Quién los verificó?
La opacidad es estructural. Las víctimas no pueden personarse en la fase de ejecución de las condenas. La Fiscalía es la única que puede recurrir las progresiones de grado, pero en la mayoría de los casos no lo hace. El Gobierno Vasco gestiona el proceso con lo que él mismo llama «discreción y confidencialidad». Los encuentros entre presos y víctimas dentro de los programas de «justicia restaurativa» se celebran en secreto.
En julio de 2025, el Gobierno Vasco organizó una jornada de nueve horas en un caserío aislado de Alzo, en Guipúzcoa: 17 presos de ETA se reunieron con cinco víctimas para comer, pasear y dialogar. Dos altos cargos del Departamento de Justicia supervisaron el encuentro. Ninguna asociación de víctimas fue informada. Ningún medio lo supo hasta meses después.
Y hay un detalle especialmente turbador: ese caserío, el Arretxe, había sido incendiado en 1999 por el entorno de ETA. Residía en él una abogada del PNV que llevaba denuncias contra Herri Batasuna. La escenografía de la reconciliación se celebró en el lugar del crimen. Nadie pareció ver la ironía.
Covite lo describió con precisión quirúrgica: la política penitenciaria avanza a toda velocidad en la dirección marcada por la izquierda abertzale. Sin exigir el arrepentimiento real que establece la ley. Y las víctimas no tienen voz ni voto en ese proceso.
¿QUÉ HACEN OTROS PAÍSES? LA PERSPECTIVA EUROPEA
Hagamos un ejercicio de comparación. Porque cuando se habla de reinserción de terroristas, España no está sola en el mundo. Otros países han tenido que enfrentarse a procesos similares. Y las conclusiones son reveladoras.
Irlanda del Norte y el Proceso de Paz del Viernes Santo (1998).
En el marco del acuerdo de paz norirlandés, cientos de presos del IRA y de grupos unionistas fueron liberados anticipadamente. Pero el proceso fue negociado públicamente, sujeto a condiciones verificables, y acompañado de un mecanismo de seguimiento internacional. La liberación estaba vinculada al cese definitivo de la violencia y al desmantelamiento de las organizaciones armadas. Fue un proceso con luz y taquígrafos, con escrutinio externo y con la implicación directa de las víctimas en el diseño del marco.
Alemania y la Fracción del Ejército Rojo (RAF).
Los presos de la RAF alemana que obtuvieron libertad anticipada lo hicieron en procesos largos, con plazos de condena cumplidos en su mayor parte, y con una evaluación psicológica y penitenciaria rigurosa e independiente. La discusión fue pública, con el Bundestag involucrado.
Italia y las Brigadas Rojas.
Italia adoptó un modelo de «arrepentidos» que implicaba colaboración real y probada con la justicia a cambio de reducción de condenas. Quien colaboraba, lo hacía demostrablemente: identificando a otros miembros, aportando información sobre atentados, contribuyendo al desmantelamiento de la organización.
En España, la Vía Nanclares original intentó aproximarse a ese modelo. Lo que vino después —la avalancha de terceros grados sin arrepentimiento verificable, sin colaboración con la justicia, sin transparencia— no tiene parangón en ninguna democracia europea seria.
EL PRECIO DE LA DESMEMORIA
Volvamos a la cifra con la que empezamos. 853.
Ochocientas cincuenta y tres personas que no podrán ver el final de esta historia. Que no podrán opinar sobre si sus asesinos merecían salir de la cárcel. Que no podrán preguntarles a la cara si de verdad lo sienten.
Sus familias sí pueden. Y lo que dicen es unánime: se sienten traicionadas. Primero las mató ETA. Luego el Estado las ignoró. Y hoy, mientras los asesinos de sus hijos, sus madres, sus maridos o sus compañeros pasean por las calles del País Vasco aplaudidos por sus vecinos, ellas reciben citaciones de los juzgados para ser testigos en recursos que no pueden personarse a sostener.
La Vía Nanclares fue una herramienta política. Nació con una lógica estratégica, no moral: romper el colectivo de presos para debilitar a ETA. Para algunos presos, funcionó como proceso genuino de reflexión. Para la mayoría, fue simplemente una etiqueta que el sistema decidió aplicar con criterios cada vez más laxos.
Lo que vino después —la transferencia de competencias, los terceros grados en masa, la ley de cómputo de condenas en Francia, los encuentros secretos en caseríos, el silencio de la Fiscalía— no es la Vía Nanclares. Es otra cosa. Es una amnistía silenciosa ejecutada a plazos, con la coartada de la normalización y el paraguas de la «justicia restaurativa».
Y mientras eso ocurre, hay algo que no cambia: los 377 asesinatos de ETA que siguen sin resolverse. Los asesinos de esas personas están en libertad, o pronto lo estarán. Y nadie les exige que digan la verdad.
España tiene la memoria corta. Las víctimas del terrorismo, no.
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Esto ha sido «Quien a hierro». Nos vemos en el próximo vídeo.